En el lapso de los últimos 45 días, la grave situación
que atraviesa la universidad democrática venezolana, ha desembocado en un
proceso que se asemeja a lo que en política se denomina la cohabitación. Un portafolio
de negociaciones cuya agenda está conformada por temas de la mayor urgencia e
interés nacional en educación superior, que deben ser abordados por dos
sectores cuyos propósitos son antagónicos y diametralmente opuestos.
La coyuntura que conduce a la situación de
cohabitación se explica por el hecho de que la Ministra Yadira Córdova y la
Rectora de la UCV Cecilia García Arocha son profesoras de nuestra Facultad de
Odontología y se respetan. Ninguna actúa sola. La Ministra Córdova sigue por
convencimiento los lineamientos y estrategias del ejecutivo nacional, mientras
que la Rectora García Arocha, representa e informa tanto a sus colegas rectoras
y rectores como al Consejo Universitario ucevista. Por supuesto no es un
mecanismo ni único ni excluyente.
Los temas son ingentes y perentorios. La severa
asfixia presupuestaria es en nuestra opinión el más grave. Están en juego no
sólo la vigencia de las instituciones universitarias públicas sino el año
académico de más de 300.000 estudiantes. Nuestros docentes, como la
significativa mayoría de los venezolanos, están aplastados por una inflación
galopante y una pérdida innegable del poder adquisitivo en el contexto de
salarios congelados por más de cuatro años. El proceso de transformación
institucional, académico y operativo que hemos iniciado en nuestras gestiones
en las principales casas de estudio, se perdería como agua entre los dedos. El
ejecutivo tiene la palabra. Nuestros expertos han avanzado el ajuste
presupuestario a $70 por barril petrolero, orientado a la alimentación, salud,
educación, hábitat y seguridad ciudadana como un mecanismo de pronta
instalación luego de la discusión legislativa de rigor.
El segundo tema es el de la admisión del nuevo
contingente de bachilleres (2011) a nuestras universidades. El ejecutivo
defiende el ingreso universal (irrestricto) mientras que las universidades
públicas y privadas, han generado a través de los Núcleos de Vicerrectores
Académicos y Secretarios, la propuesta
de un nuevo “Sistema de Ingreso a la Educación Superior”. Ante esta situación,
la Ministra Córdova dio el siguiente paso en el tablero: se estableció una
comisión mixta para analizar y proveer una salida que reconozca el derecho
constitucional a la educación superior sin sacrificar la calidad de lo que enseñamos.
Obviamente, no podría haber nuevos ingresos si la situación presupuestaria nos
lleva al funcionamiento vegetativo. Es pertinente informar, que nuevamente más
de 400.000 estudiantes “tocaran las puertas” para el lapso que comienza en las
próximas semanas.
Un tercer tema de indudable prioridad es el relativo a
la ley de educación universitaria. Los procesos de diciembre de 2010 y enero
2011 han reafirmado que la autonomía universitaria es nuestra “Segunda Carta
Magna”. Nuestro fundamento legal vigente es la ley de universidades de 1958
(ley que consagra la autonomía universitaria plena), parcialmente modificada en
1970. Si la cohabitación prosigue, ambos lados pueden mostrar la voluntad de
escuchar y analizar. Existe la determinación de nuestra parte de redactar
nuevos reglamentos electorales a lo interno, que amplié la participación
proporcional de los sectores de nuestras comunidades.
Asi
mismo, llamar nuevamente al Tribunal Supremo de Justicia a que someta a
discusión, el recurso de nulidad admitido por la Sala Constitucional sobre la actual ley orgánica de educación. Mientras
tanto, la reposición de los procesos electorales universitarios suspendidos por
la Sala Electoral y el ejercicio autonómico de los pautados en los próximos
meses, reflejaría avances de la mayor significación en el complejo pero
factible proceso de la cohabitación.
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