Asfixia Presupuestaria

La “malversación” de los supuestos y extraordinarios presupuestos aportados por el ejecutivo nacional a las universidades públicas autónomas en estos últimos doce años, es de las matrices de opinión más lesivas en contra del presente y futuro de nuestro país. Las Autoridades Rectorales, el Núcleo de Vicerrectores Administrativos, las Facultades y Escuelas de Economía y las asociaciones gremiales, han sido las principales fuentes de aclaratorias y de rechazo ante esta falsa aseveración. Sin embargo, la gravedad de la asfixia presupuestaria para este año fiscal de 2011 se acentúa a niveles de gravedad sin precedentes. Entre otras consecuencias, resaltan los míseros e indignos niveles de sueldos y salarios, la descomunal deuda que sostiene el gobierno con las universidades por diversos rubros, la apropiación de valiosos incentivos como el PPI o los aportes tipo LOCTI y la devastadora resolución de negar las divisas para nuestros laboratorios, bibliotecas y numerosas sedes físicas. El funcionamiento vegetativo acabaría con el promisorio proceso inicial de transformación y actualización académica, institucional y operativa que se encuentra en progreso en nuestros centros universitarios democráticos.

Ilustremos con cifras globales y aunque parciales no menos concretas. El breve análisis de los montos fiscales básicos  del lapso 2000/2011 (publicados en la Gaceta Oficial a principios de cada año), sin incluir los legendarios “créditos adicionales” y otros aportes, revela que el Ejecutivo ha dispuesto de un billón noventa y nueve millardos de bolívares fuertes. Para el año 2000, el presupuesto nacional fue de 17.8 millardos. Las universidades recibieron 1.2 millardos (6.7% del nacional). A la UCV se le asignaron 235 millones (1.3 %). Para este año fiscal de 2011, la Asamblea Nacional le aprobó al Ejecutivo, un mínimo de 204.2 millardos. Todas las universidades públicas recibirán apenas 8.8 millardos (4.3% del nacional). A nuestra UCV se le asignó nuevamente, 1.3 millardos que representa el 0.62% del presupuesto de la nación. Peor aún, casi el 90% está destinado a gastos de personal.

No existe previsión alguna para honrar las normas de homologación que rigen desde 1982 los incrementos salariales del sector universitario o las ingentes deudas acumuladas, sino que el presupuesto “calcado” de los años anteriores, se hace insostenible por varias guillotinas adicionales: la profunda devaluación del Bolívar con un diferencial cambiario inalcanzable, una inflación acumulada superior al 500% en los doce años (la inflación no cesa con las doce campanadas del año que se va) y la manipulación al momento de depositar dozavos, otras partidas fiscales o congelar las muy esenciales divisas. Una vez más el presupuesto está calculado a menos de la mitad del precio del barril de petróleo que se ubica entre 90-100 dólares americanos.

Con el respaldo de la opinión de nuestros expertos en las áreas financieras, económicas y sociales, sugerimos a los parlamentarios democráticos, estudiar con la celeridad del caso, el ajuste del presupuesto nacional fundamentado en un barril estimado en setenta dólares americanos. La ley contemplaría aplicar el incremento a las áreas prioritarias de alimentación, salud, educación, hábitat y seguridad ciudadana a nivel nacional. No existe impedimento alguno. También hacemos un llamado a los sectores democráticos de nuestras propias comunidades universitarias a dejar sin efecto conflictos laborales que perjudican y debilitan notablemente a nuestras instituciones. Es una necesidad impostergable cerrar filas en la lucha por presupuestos justos y en la defensa invariable de la soberanía y de la autonomía  de la universidad venezolana.