A la ministra Córdova

A la ministra Córdova - EL NACIONAL - Domingo 17 de Abril de 2011

A l finalizar el primer cuatrimestre de 2011, las universidades democráticas y autónomas y sus respectivas comunidades han entrado en una fase de extremo déficit presupuestario que hemos catalogado en términos de "funcionamiento vegetativo".
Una primera ilustración revela que el presupuesto real de la UCV, estructura financiera que incorpora la inflación acumulada de 126% en los últimos 3 años (ya hemos recordado anteriormente que la inflación no cesa con las 12 campanadas del 31 de diciembre de cada año), sólo ofrece un poder adquisitivo de 507 millones de bolívares fuertes de los 1,25 millardos que impunemente nos asignó el Ejecutivo para el año fiscal en curso. En estos últimos 3 años, hemos solicitado 6,7 millardos y el Gobierno sólo aprobó 3,3 millardos (50%) con un descenso en nuestro poder adquisitivo de 25%. Más aún, el gasto rígido (sueldos y salarios) alcanza para este año cerca de 88% del presupuesto asignado.
Como si fuera poco, la sala situacional del Miraflores militar se asegura de que ni un dólar sea asignado al sector universitario público para actualizar y nutrir los laboratorios, las bibliotecas, los sistemas y el mantenimiento de gran envergadura: electricidad, agua, cadenas frías, material radiactivo y planta física.
En sus ojos, profesora Córdova, los labios cosidos de nuestros valerosos estudiantes. Representantes de un conglomerado estudiantil nacional que no solamente reclama sus providencias (manutención, comedor, transporte y atención en salud) sino que requiere de un profesorado (alma y eje esencial de nuestro sistema educativo nacional) al que se le garantice vivir en condiciones óptimas y así proveer una sólida calidad y vigencia del conocimiento y las competencias que debe impartir al futuro inmediato de la nación.
Las tinieblas rodean el silencio de su despacho.Recuerde, entre otros rubros, que usted como nosotros ha sido beneficiaria de la aplicación, desde la cuarta república, de las normas de homologación, que es un derecho constitucional desde 1982, para asegurar el incremento salarial no sólo de los docentes, sino de todos los miembros nominales y contratados de cada comunidad universitaria y que se fundamenta en los índices inflacionarios de cada dos años. En sus manos está el honrar el conjunto de deudas acumuladas para mitigar el sufrimiento social de cientos de miles de venezolanos (estudiantes y personal de nómina) que integramos el sector universitario público.
También me permito recordarle que en los doce años del actual Gobierno se ha dispuesto de un presupuesto básico (sin incluir los créditos adicionales) superior al billón de bolívares fuertes. En ese lapso, las asignaciones fiscales a las universidades cayeron de 17% en el año 2000 a 4% en 2011.
De allí que, según nuestros expertos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ajustar el presupuesto nacional a precios reales de exportación del barril petrolero, permitiría disponer razonadamente de 45 millardos de bolívares que, como hemos sugerido previamente, pudieran ser destinados a sectores sociales críticos, léase: nutrición, salud, educación y vivienda. Son fondos que pertenecen a todos los venezolanos. Somos todos los venezolanos el verdadero Estado. Es una obligación del Ejecutivo nacional su más transparente distribución y usted, ministra Córdova, es miembro de ese poder nacional. No lo olvide.

El reloj de la resistencia

El reloj de la resistencia - EL NACIONAL - Domingo 03 de Abril de 2011

Erguido, sobrio, pleno de presente y futuro, ícono inequívoco de autonomía y democracia, el reloj ucevista, el reloj universitario de todos los venezolanos de buena voluntad, resistió el embate de violencia y cobardía urdido por la minúscula horda de resentidos que, gritando al vacío, reiteraban las consignas huecas de la "docencia socialista militarista". En sus cintos, la sombra inconfundible del revólver impune.
Una burda tela negra interrumpió el mecanismo, las agujas y el hermoso sonido de la campanada, que con esmero reparó nuestra ilustre rectora Cecilia García Arocha al inicio de su gestión. Sin embargo, nuestro reloj prosigue su camino. En pocos días volverá a sonar y su hora será precisa. Porque ese noble reloj nació para resistir. Está allí para guiar y para alertarnos que afrontamos la intervención de nuestras casas de altos estudios. Intervención formada por estrategias múltiples y simultáneas, cundidas por la mala fe. Pertinente es tener presente que esta nueva intervención sucede en la segunda década del siglo XXI. Es pletórica de injurias y difamación, de matrices de opinión que apuntan a la ingobernabilidad, a la malversación y al despilfarro en las ejecuciones fiscales por parte de los gobiernos universitarios.
Con inaudita precisión, la intervención se afianza en tres ejes mortíferos: el patíbulo presupuestario, los conflictos sindicaleros, a menudo reforzados por las hordas móviles que infringen cuantiosos destrozos al patrimonio universitario, y los abyectos dictámenes de la Sala Electoral del TSJ, que suspenden los únicos procesos electorales en nuestro país de incuestionable transparencia y "ordenan" a nuestras universidades la redacción de su propios epitafios, lo que tiene como objetivo superior pulverizar la presencia y la acción orientadora y directiva del profesorado universitario.
Como habíamos alertado, las universidades democráticas del país hemos entrado en una etapa de gravedad extrema. Nos ha alcanzado el funcionamiento vegetativo. El gasto rígido (sueldos y salarios) se acerca a 90% de un mísero presupuesto, aplastado por una inflación acumulada, que en los últimos tres años monta a 126%. Un complemento siniestro lo constituye la negación de las divisas destinadas a la actualización y provisión de bibliotecas, sistemas, laboratorios, suministros y mantenimiento.
El reloj ucevista nos convoca a todos los universitarios que respetan la Constitución nacional a resistir con firmeza y participar en forma masiva y sostenida. Nos asiste que integramos la mayoría democrática de la nación, que se opuso sólidamente en el referéndum de 2007 a la implantación de un formato "militar-socialista". Desde entonces, los estudiantes universitarios han mostrado vanguardia y resistencia. También las autoridades rectorales, decanales y la amplia mayoría del conglomerado universitario. Mientras la demagogia gubernamental reclama la subordinación a la Ley Orgánica de Educación, la Sala Constitucional, mantiene congelado el recurso de nulidad que diez universidades democráticas venezolanas y su cuerpo de distinguidos juristas, sometieron ante el máximo tribunal del país hace más de año y medio.
La suerte de nuestras universidades depende de todos nosotros. Seamos creativos. Desterremos la desunión, la apatía y el acomodo. Estrechemos lazos con la sociedad civil y sus dirigentes. Reitero, somos una mayoría real y contundente. Colaboremos con planes concretos de reconstrucción nacional. Blindemos nuestros caminos a la gran victoria republicana y civil de diciembre de 2012.

Cohabitación

En el lapso de los últimos 45 días, la grave situación que atraviesa la universidad democrática venezolana, ha desembocado en un proceso que se asemeja a lo que en política se denomina la cohabitación. Un portafolio de negociaciones cuya agenda está conformada por temas de la mayor urgencia e interés nacional en educación superior, que deben ser abordados por dos sectores cuyos propósitos son antagónicos y diametralmente opuestos.

La coyuntura que conduce a la situación de cohabitación se explica por el hecho de que la Ministra Yadira Córdova y la Rectora de la UCV Cecilia García Arocha son profesoras de nuestra Facultad de Odontología y se respetan. Ninguna actúa sola. La Ministra Córdova sigue por convencimiento los lineamientos y estrategias del ejecutivo nacional, mientras que la Rectora García Arocha, representa e informa tanto a sus colegas rectoras y rectores como al Consejo Universitario ucevista. Por supuesto no es un mecanismo ni único ni excluyente.

Los temas son ingentes y perentorios. La severa asfixia presupuestaria es en nuestra opinión el más grave. Están en juego no sólo la vigencia de las instituciones universitarias públicas sino el año académico de más de 300.000 estudiantes. Nuestros docentes, como la significativa mayoría de los venezolanos, están aplastados por una inflación galopante y una pérdida innegable del poder adquisitivo en el contexto de salarios congelados por más de cuatro años. El proceso de transformación institucional, académico y operativo que hemos iniciado en nuestras gestiones en las principales casas de estudio, se perdería como agua entre los dedos. El ejecutivo tiene la palabra. Nuestros expertos han avanzado el ajuste presupuestario a $70 por barril petrolero, orientado a la alimentación, salud, educación, hábitat y seguridad ciudadana como un mecanismo de pronta instalación luego de la discusión legislativa de rigor.

El segundo tema es el de la admisión del nuevo contingente de bachilleres (2011) a nuestras universidades. El ejecutivo defiende el ingreso universal (irrestricto) mientras que las universidades públicas y privadas, han generado a través de los Núcleos de Vicerrectores Académicos y Secretarios,  la propuesta de un nuevo “Sistema de Ingreso a la Educación Superior”. Ante esta situación, la Ministra Córdova dio el siguiente paso en el tablero: se estableció una comisión mixta para analizar y proveer una salida que reconozca el derecho constitucional a la educación superior sin sacrificar la calidad de lo que enseñamos. Obviamente, no podría haber nuevos ingresos si la situación presupuestaria nos lleva al funcionamiento vegetativo. Es pertinente informar, que nuevamente más de 400.000 estudiantes “tocaran las puertas” para el lapso que comienza en las próximas semanas.

Un tercer tema de indudable prioridad es el relativo a la ley de educación universitaria. Los procesos de diciembre de 2010 y enero 2011 han reafirmado que la autonomía universitaria es nuestra “Segunda Carta Magna”. Nuestro fundamento legal vigente es la ley de universidades de 1958 (ley que consagra la autonomía universitaria plena), parcialmente modificada en 1970. Si la cohabitación prosigue, ambos lados pueden mostrar la voluntad de escuchar y analizar. Existe la determinación de nuestra parte de redactar nuevos reglamentos electorales a lo interno, que amplié la participación proporcional de los sectores de nuestras comunidades.

Asi mismo, llamar nuevamente al Tribunal Supremo de Justicia a que someta a discusión, el recurso de nulidad admitido por la Sala Constitucional  sobre la actual ley orgánica de educación. Mientras tanto, la reposición de los procesos electorales universitarios suspendidos por la Sala Electoral y el ejercicio autonómico de los pautados en los próximos meses, reflejaría avances de la mayor significación en el complejo pero factible proceso de la cohabitación.

Asfixia Presupuestaria

La “malversación” de los supuestos y extraordinarios presupuestos aportados por el ejecutivo nacional a las universidades públicas autónomas en estos últimos doce años, es de las matrices de opinión más lesivas en contra del presente y futuro de nuestro país. Las Autoridades Rectorales, el Núcleo de Vicerrectores Administrativos, las Facultades y Escuelas de Economía y las asociaciones gremiales, han sido las principales fuentes de aclaratorias y de rechazo ante esta falsa aseveración. Sin embargo, la gravedad de la asfixia presupuestaria para este año fiscal de 2011 se acentúa a niveles de gravedad sin precedentes. Entre otras consecuencias, resaltan los míseros e indignos niveles de sueldos y salarios, la descomunal deuda que sostiene el gobierno con las universidades por diversos rubros, la apropiación de valiosos incentivos como el PPI o los aportes tipo LOCTI y la devastadora resolución de negar las divisas para nuestros laboratorios, bibliotecas y numerosas sedes físicas. El funcionamiento vegetativo acabaría con el promisorio proceso inicial de transformación y actualización académica, institucional y operativa que se encuentra en progreso en nuestros centros universitarios democráticos.

Ilustremos con cifras globales y aunque parciales no menos concretas. El breve análisis de los montos fiscales básicos  del lapso 2000/2011 (publicados en la Gaceta Oficial a principios de cada año), sin incluir los legendarios “créditos adicionales” y otros aportes, revela que el Ejecutivo ha dispuesto de un billón noventa y nueve millardos de bolívares fuertes. Para el año 2000, el presupuesto nacional fue de 17.8 millardos. Las universidades recibieron 1.2 millardos (6.7% del nacional). A la UCV se le asignaron 235 millones (1.3 %). Para este año fiscal de 2011, la Asamblea Nacional le aprobó al Ejecutivo, un mínimo de 204.2 millardos. Todas las universidades públicas recibirán apenas 8.8 millardos (4.3% del nacional). A nuestra UCV se le asignó nuevamente, 1.3 millardos que representa el 0.62% del presupuesto de la nación. Peor aún, casi el 90% está destinado a gastos de personal.

No existe previsión alguna para honrar las normas de homologación que rigen desde 1982 los incrementos salariales del sector universitario o las ingentes deudas acumuladas, sino que el presupuesto “calcado” de los años anteriores, se hace insostenible por varias guillotinas adicionales: la profunda devaluación del Bolívar con un diferencial cambiario inalcanzable, una inflación acumulada superior al 500% en los doce años (la inflación no cesa con las doce campanadas del año que se va) y la manipulación al momento de depositar dozavos, otras partidas fiscales o congelar las muy esenciales divisas. Una vez más el presupuesto está calculado a menos de la mitad del precio del barril de petróleo que se ubica entre 90-100 dólares americanos.

Con el respaldo de la opinión de nuestros expertos en las áreas financieras, económicas y sociales, sugerimos a los parlamentarios democráticos, estudiar con la celeridad del caso, el ajuste del presupuesto nacional fundamentado en un barril estimado en setenta dólares americanos. La ley contemplaría aplicar el incremento a las áreas prioritarias de alimentación, salud, educación, hábitat y seguridad ciudadana a nivel nacional. No existe impedimento alguno. También hacemos un llamado a los sectores democráticos de nuestras propias comunidades universitarias a dejar sin efecto conflictos laborales que perjudican y debilitan notablemente a nuestras instituciones. Es una necesidad impostergable cerrar filas en la lucha por presupuestos justos y en la defensa invariable de la soberanía y de la autonomía  de la universidad venezolana.

Sin Tregua

En el marco de la poderosa fuerza de la unidad de propósitos de la sociedad civil universitaria, nuestras universidades nacionales democráticas, han contenido la pretensión de la dictadura chavista de liquidar el sistema universitario y su espíritu profundamente plural y autonómico. Las comunidades universitarias lideradas por autoridades rectorales, decanales, profesorales, estudiantiles, de egresados,  todos electos libremente, así como por los sectores profesionales, de empleados y trabajadores universitarios en su mayoría decididamente democráticos, se encuentran hoy a la vanguardia de la credibilidad y de la esperanza de los venezolanos de buena voluntad. Nuestro compromiso también comprende la transformación “hacia adentro”, en lo  institucional, académico y administrativo. En nuestra UCV y desde hace un poco más de treinta meses, la Rectora, profesora Cecilia García Arocha, ha sembrado como doctrina “la gestión, el diálogo y la autonomía”, en calidad de garantes de procesos de actualización integral que satisfacen sistemáticamente una primera etapa de inserción definitiva  de nuestra universidad en el siglo XXI.  

Dejaré a un lado el referirme al terrorismo y al estrangulamiento presupuestario que seguimos enfrentando. La sociedad civil venezolana nos respalda con todo amor y afecto y el cada día más consustanciado mundo exterior denuncia con mayor frecuencia, el atropello dictatorial reinante. Más bien optaré por ilustrar la transformación en progreso, destacando la apasionante tarea de concretar los nuevos planes de estudios, gracias a los aportes de profesores y estudiantes integrados pluralmente, así como el promover egresados de pre y postgrado fortalecidos por competencias adicionales que potencian su inserción en el mercado de trabajo. Actividades indispensables para propiciar el debate fecundo de la universidad que queremos, que mira lejos.

Oportuno es recalcar que nuestras universidades democráticas siempre han respaldado la participación de todos los sectores que las conforman. Bienvenidas otras iniciativas internas de ampliar la participación proporcional de los sectores laborales en la elección de autoridades. Con los estudiantes gobernamos la universidad desde 1947. A partir de 1970 representantes profesorales y de los egresados participan, con voz y voto, en los consejos de escuelas y de las facultades. A estos representantes se agrega, a nivel del Consejo Universitario, el representante designado por el ministro del sector de educación superior.

Finalmente, una palabra solidaria y de respaldo a los parlamentarios democráticos de la nueva Asamblea Nacional. Ya cuentan con dos proyectos de ley de educación superior debidamente sometidos ante esa instancia parlamentaria. Uno generado por docentes (la mayoría educadores) de cuatro de nuestras universidades con el respaldo de 40.000 firmas. El otro proveniente del trabajo conjunto con los valerosos diputados democráticos del recién fenecido lapso legislativo. Así mismo, urge unir esfuerzos para alcanzar prontamente la rectificación del aporte presupuestario a las universidades para este año fiscal de 2011. La inmensa y creciente mayoría democrática de los venezolanos confía en que podrán enfrentar con firmeza a los Hunos de Atila. Sigue nuestra lucha sin tregua. La recompensa será una Venezuela libre y un mejor destino.