Estocada a la
ciencia - EL NACIONAL - Domingo 20 de Febrero de 2011
Los logros provenientes de los procesos de investigación científica,
humanística y tecnológica venezolana han significado en 50 años de etapa
organizada, una de las expresiones más sólidas del desarrollo sistemático de la
sociedad civil de nuestro país. En magnífica forma se conjugan con nuestras
riquezas culturales y artísticas para resumir lo sublime del quehacer civico,
que se inicia en febrero de 1936. Una planta de destacados investigadores y
estructuras legendarias como la Asociación Venezolana para el Avance de la
Ciencia, los consejos de desarrollo científico y humanístico de las
universidades, el Conicit, los planes nacionales de ciencia y tecnología, y el
Programa de Promoción al Investigador fundamentaron en ese medio siglo aportes
de incuestionable calidad y repercusión internacional, que hicieron posible que
Venezuela ocupara a principios de los años ochenta del siglo pasado un
prestigioso cuarto lugar de eficiencia científica en toda Latinoamérica.
Recurrimos al trabajo creador en un contexto de sobriedad individual e institucional, así como al complejo proceso del arbitraje de pares a escala internacional, para enfrentar las duras circunstancias que vivimos en las dos últimas décadas del siglo XX.
Con la misma voluntad democrática y plural, nuestras luchas nos han permitido subsistir a la acción lesiva del actual Ejecutivo nacional, que ha pretendido desmembrar en estos 12 años las estructuras científicas nacionales, con un evidente descenso no sólo en la provisión de las herramientas de trabajo y de información sino en obviar las convocatorias del PPI y así retener el aporte que por derecho constitucional le pertenece al sector.
Enfrentamos ahora la estocada final. En el accionar profundamente antidemocrático y anticonstitucional de un Gobierno que perdió en forma irreversible su base popular, y que viola sistemáticamente el Estado de Derecho y los derechos humanos de la población, en medio de la promulgación de leyes como la Habilitante, la del Poder Comunal y la vetada ley de universidades aprobó dos mecanismos que le permiten apropiarse ilegalmente del sector científico y tecnológico.
Me refiero a la nueva Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y al reglamento del nuevo programa de Estímulo a la Investigación . El gobierno militar se dispone a controlar íntegramente todo el proceso científico nacional. Desde la naturaleza del proyecto de investigación, su obligatoria adherencia al "modelo socialista", su evaluación, la exclusión de áreas de importancia capital como la investigación básica, social, humana o de las artes y, como si fuera poco, el usufructo integral de los aportes obligatorios de cantidades que oscilan como mínimo entre 0,5% y 2% de los ingresos brutos de las empresas.
Tómese en consideración que entre 2007 y el presente, el mecanismo Locti generó cerca de 10 billones de dólares. Por su parte, el PEI es un perverso proceso de eliminación de la planta de investigadores nacionales establecidos, obligando entre otras disposiciones a renunciar a la trayectoria vital del investigador más allá de los últimos cinco años de su creación científica. Que quede claro, jamás renunciaremos a nuestros derechos constitucionales y humanos. Solicitamos a la Asamblea Nacional que levante sanción a la nueva Locti, que convoque a los miembros del sector de ciencia y tecnología a fin de rescatar y garantizar el desarrollo científico y al Ejecutivo que deje sin efecto el reglamento del PEI.
No hay tiempo que perder. Universidades y centros de investigación unidos, en resistencia democrática para salvar nuestra actividad científica y con ella la suerte de la república.
Recurrimos al trabajo creador en un contexto de sobriedad individual e institucional, así como al complejo proceso del arbitraje de pares a escala internacional, para enfrentar las duras circunstancias que vivimos en las dos últimas décadas del siglo XX.
Con la misma voluntad democrática y plural, nuestras luchas nos han permitido subsistir a la acción lesiva del actual Ejecutivo nacional, que ha pretendido desmembrar en estos 12 años las estructuras científicas nacionales, con un evidente descenso no sólo en la provisión de las herramientas de trabajo y de información sino en obviar las convocatorias del PPI y así retener el aporte que por derecho constitucional le pertenece al sector.
Enfrentamos ahora la estocada final. En el accionar profundamente antidemocrático y anticonstitucional de un Gobierno que perdió en forma irreversible su base popular, y que viola sistemáticamente el Estado de Derecho y los derechos humanos de la población, en medio de la promulgación de leyes como la Habilitante, la del Poder Comunal y la vetada ley de universidades aprobó dos mecanismos que le permiten apropiarse ilegalmente del sector científico y tecnológico.
Me refiero a la nueva Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y al reglamento del nuevo programa de Estímulo a la Investigación . El gobierno militar se dispone a controlar íntegramente todo el proceso científico nacional. Desde la naturaleza del proyecto de investigación, su obligatoria adherencia al "modelo socialista", su evaluación, la exclusión de áreas de importancia capital como la investigación básica, social, humana o de las artes y, como si fuera poco, el usufructo integral de los aportes obligatorios de cantidades que oscilan como mínimo entre 0,5% y 2% de los ingresos brutos de las empresas.
Tómese en consideración que entre 2007 y el presente, el mecanismo Locti generó cerca de 10 billones de dólares. Por su parte, el PEI es un perverso proceso de eliminación de la planta de investigadores nacionales establecidos, obligando entre otras disposiciones a renunciar a la trayectoria vital del investigador más allá de los últimos cinco años de su creación científica. Que quede claro, jamás renunciaremos a nuestros derechos constitucionales y humanos. Solicitamos a la Asamblea Nacional que levante sanción a la nueva Locti, que convoque a los miembros del sector de ciencia y tecnología a fin de rescatar y garantizar el desarrollo científico y al Ejecutivo que deje sin efecto el reglamento del PEI.
No hay tiempo que perder. Universidades y centros de investigación unidos, en resistencia democrática para salvar nuestra actividad científica y con ella la suerte de la república.
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