El cáncer es una enfermedad crónica. Su permanencia
y diseminación (metástasis) en el huésped indica que las células cancerosas han
derrotado no sólo a formatos terapéuticos como la cirugía, la quimio y
radioterapia o los nuevos abordajes inmunomoduladores de las respuestas de
defensa sino más importante aún, han vencido al formidable mecanismo que poseen
los mamíferos, y entre ellos los humanos, que se denomina “vigilancia
inmunológica”.
La vigilancia
inmunológica garantiza la detección (células que actúan como un “periscopio”) a
cada instante de células mutantes malignas para destruirlas con óptima
eficiencia. Esa eficiencia puede verse disminuida entre otros factores por el
uso continuo e indiscriminado de esteroides.
El propio
Presidente de la República le comunicó a la nación en mayo de 2011 que tenía
cáncer. En los siguientes 20 meses, la estrategia del oficialismo ha consistido
en “politizar” el cáncer del mandatario, entregando su destino a la mediocre
medicina castrista, violando nuestra soberanía nacional y médica, mientras
ofrecían información pública desvirtuada y lejos de la realidad clínica que
vivía el paciente. Un juego macabro que contó con la activa participación del
Presidente. La supuesta curación nunca se hizo presente.
Pero por más
planificación y estrategias que la corporación chavista haya intentado, es
imposible politizar al cáncer. A principio de diciembre de 2012, el propio
paciente admitió que su tumor maligno seguía creciendo, anticipó los posibles
escenarios políticos, y antes de volver al quirófano clandestino en La Habana,
hizo público su muy probable “falta absoluta” (artículo 233 de la Constitución
nacional), solicitó respetar la carta magna, y convocar a nuevas elecciones
presidenciales en caso de su muerte o de quedar incapacitado. Desde entonces,
el paciente desapareció y no se juramentó para presidir un nuevo período
constitucional.
El gobierno que
desde el 10 de enero usurpa el poder recurre, con el asesoramiento
internacional, a desconocer una realidad: Venezuela no tiene Presidente de la
República en ejercicio y, más grave aún, su “falta absoluta” es clínicamente
irreversible hasta que no se demuestre lo contrario.
Como lo ha
hecho público nuestra Universidad Central de Venezuela y numerosas
instituciones y voces autorizadas, la sentencia del Tribunal Supremo de
Justicia del 9 de enero es definitivamente antinacional y carece de fundamento
tanto científico como jurídico. Así, negar de plano, la integración de una
junta médica venezolana que en La Habana “ponga orden clínico, restituya
nuestra soberanía e informe a la nación sobre el diagnóstico, pronóstico y
capacidad o no del paciente Chávez Frías para asumir la Presidencia de la
República” es esconder a como dé lugar la falta absoluta.
Favorecer el
inexistente mecanismo de la “continuidad administrativa”, coloca al TSJ y a la
AN al margen de la ley y de la Constitución nacional. Mentir con descaro y
aseverar que el Presidente designó al nuevo canciller profundiza la ilegalidad
del Gobierno y exacerba su impunidad.
Venezuela es hoy un país a la
deriva. Campea la represión y la violencia. El luto es masivo y diario. La
ruina económica y social es inocultable. Sus mayorías democráticas, civiles y
militares, estamos obligados a salvar nuestra patria. Es imprescindible
alcanzar consensos sinceros que nos lleven a rescatar la soberanía nacional y
el Estado de Derecho y a participar en procesos electorales cuya transparencia
provea un gobierno legítimo y eficiente.
